Casi una década después del referéndum del 23 de junio de 2016, la evidencia sobre el impacto económico del Brexit es cada vez más concluyente: el Reino Unido es un país más pobre de lo que habría sido sin la salida de la UE, aunque el efecto no se haya traducido en un colapso súbito sino en un lastre acumulativo sobre el comercio, la inversión y la productividad.
El Brexit fue desde el inicio una cesión de integración económica a cambio de mayor control sobre migración, regulación y política comercial. El Acuerdo de Comercio y Cooperación evitó aranceles sobre la mayoría de bienes, pero no preservó la relación que ofrecían el mercado único y la unión aduanera: las empresas afrontan controles aduaneros, normas de origen, trámites regulatorios y pérdida del reconocimiento mutuo automático. Los servicios regulados perdieron derechos de acceso y la libre circulación desapareció.
Las estimaciones más sólidas —incluidas las de la Office for Budget Responsibility y estudios académicos recientes— sitúan la producción británica entre un 4% y un 15% por debajo del nivel contrafactual, según el canal analizado. Las exportaciones de bienes son entre un 10% y un 15% menores; la inversión se resintió por el aumento de la incertidumbre; y la productividad, ya deprimida desde la crisis financiera, sufrió un golpe adicional.
El número de empresas exportadoras a la UE cayó, lo que debilita la presión competitiva y la difusión de conocimiento. La migración europea cayó con fuerza, pero fue compensada por flujos no europeos, así que el cambio fue de composición, no de volumen.
Los beneficios de la autonomía —regulación propia, acuerdos con terceros países— han sido hasta ahora modestos frente a los costes. El Entendimiento Común de mayo de 2025 entre Londres y Bruselas puede aliviar fricciones puntuales, pero no replicará el mercado único.