El Reglamento de Envases y Residuos de Envases de la Unión Europea (PPWR), aplicable desde el 12 de agosto de 2026, amenaza la supervivencia de los pequeños fabricantes de hardware open source, artesanos y microempresarios que venden a través del mercado europeo, según alerta Lectronz, plataforma especializada en hardware de código abierto. La normativa exige registrarse y cumplir obligaciones de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en cada Estado miembro donde se generen residuos de envase, manteniendo el modelo nacional fragmentado en lugar de crear un sistema europeo único.
Un ejemplo ilustrativo estima el coste anual para un ingeniero griego que vende diez placas electrónicas a cuatro países —Francia, Alemania, Austria y Bélgica— entre 1.150 euros solo en tasas administrativas y representantes autorizados, sin contar honorarios profesionales ni tiempo dedicado. Las contribuciones ambientales por 50 gramos de envase se miden en céntimos; la burocracia para justificarlas, en miles de euros.
La directiva establece varios obstáculos: tasas de registro que oscilan entre 10 y 250 euros por país, contratación obligatoria de representantes autorizados (entre 100 y 450 euros anuales según el Estado) y obligaciones de documentación. Ante el escenario actual, los vendedores proponen tres soluciones: un umbral mínimo europeo (de minimis), una ventanilla única para todo el territorio comunitario (OSS) y procesos automatizados. De no corregirse el reglamento, los autores vaticinan que los microempresarios simplemente dejarán de vender dentro de la UE.