Costa Rica ha transformado su cobertura forestal de manera drástica en las últimas décadas. En 1940, el 75% del territorio estaba cubierto de bosque tropical, cifra que se desplomó hasta el 21% en 1987 debido a la expansión ganadera y agrícola impulsada por la demanda internacional de carne bovina, banano, café y cacao. Ante esta crisis, el gobierno implementó la Ley Forestal N.º 7575 en 1996, que prohibió la tala no autorizada e instauró el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Este mecanismo, administrado por FONAFIFO, cambió el paradigma de la conservación al ofrecer incentivos económicos a los propietarios de tierras por reforestar y proteger sus parcelas, en lugar de aplicar solo sanciones. En dos décadas, el programa ha destinado 524 millones de dólares para salvar más de un millón de hectáreas. La financiación principal proviene de un ecoimpuesto a los combustibles fósiles, que genera 26,5 millones de dólares anuales. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, el PSA ha intervenido 1.472.544 hectáreas (30% del territorio) y ha movilizado 750 millones de dólares para 21.000 propietarios. Factores como el ecoturismo y la caída de precios de la carne también contribuyeron al éxito. Hoy, más de la mitad del país vuelve a ser bosque, consolidando a Costa Rica como un modelo global de reforestación.
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