Un agricultor de Santiago de la Ribera (San Javier, Murcia) ha aceptado una condena de 15 meses de prisión, con suspensión condicional de dos años, tras reconocer que vertió 20.300 metros cúbicos de salmuera al Mar Menor desde una desalobradora ilegal operada entre 2015 y 2017 sobre una explotación de 16 hectáreas sin permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura. La sentencia de conformidad, la primera del caso Topillo, le impone además 900 euros de multa, una indemnización conjunta de 6.900 euros al Estado y a la Comunidad Autónoma, e inhabilitación de nueve meses para ejercer la agricultura. En el mismo proceso, otro administrador de San Pedro del Pinatar recibió una pena idéntica, mientras la macrocausa del Mar Menor investiga a 80 explotaciones, con la Fiscalía pidiendo hasta siete años de cárcel en piezas que suman 162.000 metros cúbicos de vertidos. La Operación Anóxica y la previa Operación Chandos documentaron más de 2.000 hectáreas de regadío irregular, 74 pozos ilegales, 25 millones de metros cúbicos de agua extraída sin autorización y 377.630 kilos de nitratos vertidos, con 38 empresas y tres ex altos cargos encausados por daños calculados en 19,5 millones de euros. En 2022 el Mar Menor se convirtió en el primer ecosistema europeo con personalidad jurídica, aunque los tribunales aún no lo reconocen como acusación particular.
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