Cinco países europeos acuerdan crear centros de deportación en Ruanda

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Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado la creación de centros de deportación en Ruanda para expulsar a solicitantes de asilo e inmigrantes en situación irregular. El anuncio, realizado en Viena, establece un marco legal europeo que permite trasladar a personas a un país africano con el que no mantienen vínculos, bajo la premisa de que los deportados se integren en Ruanda o regresen voluntariamente a sus países de origen. El primer centro contará con 100 plazas y se centrará inicialmente en adultos sin hijos menores, aunque no se ha fijado un plazo máximo de estancia en los centros. El canciller austríaco Christian Stocker calificó el acuerdo como un "cambio de paradigma verdaderamente histórico" en la política migratoria de la UE. Sin embargo, la iniciativa ha generado fuertes críticas por parte de países como España y Francia, que se niegan a respaldar el modelo, así como de organizaciones de derechos humanos. La OCDE clasifica a Ruanda como un país de ingresos bajos, con un PIB per cápita inferior a 1.200 dólares, muy por debajo del promedio mundial. Amnistía Internacional advierte que Ruanda no ha demostrado capacidad para garantizar procedimientos justos o protección adecuada. Chiara Catelli, de la ONG Picum, denunció que el eufemismo de "centros de retorno" no oculta la violencia de desarraigar a las personas. La Corte de Apelación de Londres ya declaró ilegal el plan británico para deportar a Ruanda, al considerar que no es un tercer país seguro. Un portavoz de la Comisión Europea celebró el acuerdo y destacó la colaboración con la ONU.