La Granja, un municipio de unos 300 habitantes en el norte de Cáceres, lleva cinco días acogiendo una rave ilegal con más de 3.000 personas que instalaron dos escenarios, caravanas llegadas de Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y Bélgica, y música techno sonando 18 horas al día. Los asistentes rompieron una alambrada para acceder a fincas privadas junto al río Ambroz y la acumulación de vehículos llegó a cortar la autovía A-66. El alcalde, Óscar Martín, descartó el desalojo por considerarlo contraproducente para la seguridad; la Guardia Civil mantiene un dispositivo perimetral de blindaje completo, sin entrar a desmontar el campamento a la espera de que la fiesta se disuelva por agotamiento. El sábado se declaró un incendio forestal en la zona, controlado por dos unidades de bomberos, un helicóptero y 16 efectivos del Infoex. Los agentes tramitaron además un traslado sanitario involuntario por consumo de drogas y varias denuncias por tenencia de estupefacientes, y realizan controles diarios de alcohol y drogas. España carece de una ley específica contra este tipo de eventos: las sanciones oscilan entre 3.005 y 601.012 euros según el Real Decreto 2816/1982, y la identificación de organizadores anónimos resulta difícil en la práctica. En Francia, el proyecto de ley RIPOST, aprobado en marzo de 2026 tras un teknival con 20.000 asistentes, prevé dos años de prisión y 30.000 euros de multa. La AUGC ha denunciado la falta de anticipación policial. La AUGC lanzó quejas formales por la falta de previsión.
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