La Generalitat de Cataluña negocia con el Gobierno central un cambio en el Código Penal para que los ladrones de cableado de cobre en infraestructuras ferroviarias queden directamente condenados a prisión, sin la posibilidad de quedar libres por la acumulación de delitos leves. La consellera portavoz, Sílvia Paneque, ha confirmado esta iniciativa ante la escalada de robos que paraliza trenes y deja sin servicio a miles de viajeros en Cataluña y otras comunidades.
Los datos muestran una crisis sin precedentes: en 2024 se registraron 4.333 robos de cableado en España, un 87% más que en 2019. En el primer semestre de 2026, las cifras ya igualan las de años completos. En Cataluña, Adif presentó 229 denuncias entre enero y agosto, concentrando el 40% de los robos a nivel estatal. La línea R3 de Rodalies, entre L'Hospitalet y Puigcerdà, sufrió 63 robos en 2026, provocando la activación de un contrato de emergencia de 17 millones de euros para comprar cable de repuesto y cámaras de vigilancia, con una reapertura prevista para enero de 2027.
El aumento de la criminalidad se explica por la subida histórica del precio del cobre, impulsada por la demanda de centros de datos para inteligencia artificial y la escasez minera. Con el metal cotizando en torno a los 6,8 dólares por libra, el robo se ha convertido en una actividad altamente rentable. Actualmente, el artículo 240.2 del Código Penal castiga estos delitos como hurto patrimonial leve, lo que limita las penas a la prisión solo en casos de multirreincidencia. El Ministerio de Transportes propone un subtipo agravado con penas de dos a seis años para proteger la circulación ferroviaria.