Castilla y León ha presentado un proyecto de ley para gravar las instalaciones fotovoltaicas de más de cinco hectáreas con un impuesto que oscilará entre 600 y 2.000 euros por hectárea. Esta medida, incluida en los Presupuestos de 2027, busca compensar el impacto ambiental y paisístico de los grandes parques solares, aunque ha generado fuertes críticas por su posible efecto desincentivador en el desarrollo de la energía renovable. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha advertido de que esta reforma podría repetir errores del pasado, mientras que la patronal UNEF señala que el cálculo basado en la superficie penaliza a los proyectos en zonas menos soleadas y a aquellos con medidas de integración ambiental. Además, la norma afectará al autoconsumo industrial, exigiendo una potencia mínima del 50% para evitar la aplicación del impuesto, y actualizará las tarifas de la energía eólica. El Ejecutivo regional, liderado por PP y Vox, estima que la recaudación de unos 9 millones de euros se destinará a programas de gasto medioambiental, posicionándose como la tercera región en aplicar este tipo de tributo.
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