El Gobierno de Canarias (CC-PP) ha elevado al Ejecutivo central una propuesta de real decreto ley para regular el acceso a la vivienda en las islas. La medida prohíbe la compra de inmuebles a personas que no acrediten diez años de empadronamiento en el territorio, o quince años si el tiempo es discontinuo, independientemente de su nacionalidad. Además, limita la propiedad a dos viviendas por ciudadano, siempre que estén en municipios distintos, y restringe la adquisición por parte de personas jurídicas a fines de venta o alquiler a personas físicas.
Esta iniciativa se enmarca en las condiciones pactadas entre Coalición Canaria y el PSOE para apoyar el primer decreto Maricarmen, que limita los desahucios de personas vulnerables. Aunque el Congreso de los Diputados rechazó ambos decretos por los votos en contra del PP, Vox y Junts, el Gobierno pretende aprobarlos en la Diputación Permanente. El presidente regional, Fernando Clavijo, ha justificado la medida ante el crecimiento demográfico de más de 500.000 personas en 25 años y la desigual distribución poblacional, citando la necesidad de equilibrar oferta y demanda. Esta propuesta llega en un momento crítico, a mes y medio de unas elecciones, cuando las Cortes están disueltas y la región enfrenta desafíos demográficos y de vivienda sin la presión electoral inmediata.