La Legislatura de California retiró su oposición y acordó financiar y modificar la ley estatal para autorizar la subida de los datos de todas las licencias de conducir y tarjetas de identidad emitidas por el estado a la base de datos nacional privada SPEXS, operada por la American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA). El giro se produjo tras presiones del gobernador Gavin Newsom y amenazas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), y quedó recogido en el acuerdo presupuestario anunciado la noche previa a la audiencia del comité de presupuesto del Senado.
El compromiso incluye unas "salvaguardias" que, según los críticos, ofrecen una protección ilusoria de los datos. Una vez transferidos, componentes del DHS y otras agencias federales o estatales podrán obtener la información de AAMVA mediante orden judicial, que podría incluir una cláusula de confidencialidad que impediría tanto a California como a los afectados conocer la cesión o impugnarla. Grupos de derechos civiles y de inmigrantes advierten del riesgo de que esos datos se utilicen contra comunidades inmigrantes y trans ya señaladas por agencias federales.
El resumen del proyecto de ley afirma que limita el intercambio de datos al exigido por la ley federal, aunque la REAL-ID Act no obliga a los estados a compartir información con AAMVA, una corporación privada sin fines de lucro. Defensores de la privacidad piden a la Legislatura rechazar el acuerdo y encomendar a la Fiscalía General la defensa del derecho a viajar de los californianos.