En 2025, los Gobiernos de la Unión Europea que externalizaron servicios críticos de tecnologías de la información a empresas estadounidenses se enfrentan a un dilema que Bélgica ilustra con claridad: asumir el riesgo geopolítico que implica confiar datos sensibles a proveedores de fuera del bloque o repatriar la infraestructura y reforzar la capacidad técnica interna. La segunda opción nunca se acometió porque la externalización a compañías como Google resolvía dos objetivos políticos muy concretos: proteger al personal informático local de presiones políticas y limitar su poder sobre la información. El autor del artículo, antiguo responsable de informática de una agencia de noticias, describe cómo la gestión directa del correo electrónico, el almacenamiento o el historial de navegación deja a cualquier administrador en posición vulnerable ante amenazas o chantajes, y cómo por esa razón muchos usuarios optaban de forma racional por servicios de gigantes tecnológicos. La novedad de 2025 es que ese cálculo se ha invertido: la dependencia de proveedores estadounidenses introduce un riesgo de injerencia extranjera que el nuevo Código Penal belga, aprobado en febrero de 2024, penaliza con dos secciones específicas. La sección 5 castiga la colaboración política e intelectual con un Estado extranjero, y la sección 6 tipifica los delitos contra los secretos de Estado. Quienes firmaron las decisiones de externalización podrían quedar expuestos a estos tipos penales si el riesgo geopolítico se materializa, y aun así los responsables políticos belgas han preferido mantener la situación actual antes que empoderar a sus propios ingenieros. El texto es a la vez una reflexión sobre soberanía digital y un caso práctico de cómo las decisiones organizativas y la confianza técnica se cruzan con la responsabilidad penal.
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