El último fin de semana antes de que Andy Burnham llegue a Downing Street está marcado por las especulaciones sobre un anuncio de nuevos planes de perforación en el mar del Norte. El nuevo primer ministro no aprobará el primer día los controvertidos yacimientos de Rosebank y Jackdaw: sus operadores recibieron luz verde del anterior gobierno conservador, pero la decisión debe revisarse tras una demanda de Greenpeace y Uplift que alegó que los ministerios no evaluaron el impacto climático total de la quema de los combustibles fósiles extraídos. El regulador ambiental Opred ultima ahora el proceso, con consultas abiertas hasta agosto.
Más allá de estos dos casos, Burnham deberá pronunciarse sobre las licencias de exploración de hidrocarburos. El manifiesto laborista de 2024 prometía vetar las nuevas licencias, una promesa que el secretario de Energía Ed Miliband ejecutó al llegar al poder, aunque luego abrió la puerta a los "tie-backs", producción en áreas sin licencia conectadas a infraestructuras ya autorizadas.
Otra decisión pendiente es el Energy Profits Levy, un impuesto del 78% sobre los beneficios petroleros introducido tras la invasión rusa de Ucrania. La industria lo considera uno de los regímenes fiscales menos competitivos del mundo y reclama su supresión; será sustituido en 2030 por otro gravamen que solo se activa con precios altos. Según el artículo, este impuesto es la opción menos mediática pero la más eficaz para atraer inversión y empleo, y la que enfrenta menor oposición ecologista.