El personal de las piscinas municipales de El Plantío y San Amaro, en Burgos, impidió el baño a tres mujeres a mediados de julio de 2026: dos vestían burkini y la tercera una rashguard (camiseta técnica de protección solar). El reglamento local solo prohíbe ropa o calzado de calle y permite, con autorización médica, licra o neopreno, pero no menciona el burkini, lo que abre un vacío legal que el consistorio ha interpretado por asimilación con la vestimenta cotidiana.
La alcaldesa Cristina Ayala (PP) respaldó a su personal y remitió el asunto al Consejo de Instalaciones Deportivas, donde PP, PSOE y Vox deberán fijar postura. En febrero, ambos partidos habían pactado vetar el burka y el nicab en edificios municipales por motivos de seguridad e identificación. El pacto autonómico de Castilla y León replica esa prohibición en dependencias de la Junta, aunque el burkini deja al descubierto cara, manos y pies.
España carece de ley estatal ni autonómica específica, y no existe jurisprudencia sobre su uso en piscinas públicas. La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato, declara nulas las normas que discriminen por religión.
Mientras tanto, la práctica varía por municipio: Salamanca expulsó a una mujer en 2025; en León el PSOE defiende la permisividad total y Lleida permite explícitamente el burkini y el topless desde 2019. La Generalitat envió en 2023 una carta a los ayuntamientos catalanes contra prohibiciones que excluyan a parte de la población. En Francia, el Consejo de Estado tumbó en 2016 bandos que vetaban el burkini, pero en 2022 frenó a Grenoble por el motivo inverso: la excepción religiosa vulnera la neutralidad del servicio público.