La provincia de British Columbia ha presentado una demanda contra OpenAI y su CEO, Sam Altman, en un tribunal federal de California. La acción legal busca daños económicos para financiar los esfuerzos de recuperación en la provincia tras el tiroteo masivo en la escuela de Tumbler Ridge, ocurrido el 10 de febrero. Los demandantes argumentan que la empresa no notificó a las fuerzas de seguridad locales que la autora del ataque, Jesse Van Rootselaar, había utilizado ChatGPT para planificar el crimen, una decisión que, según la demanda, impidió la prevención del ataque.
Nueve personas, principalmente menores, murieron en el tiroteo. Según informes de Wall Street Journal citados por la demanda, el equipo de seguridad de OpenAI detectó las conversaciones violentas de Van Rootselaar en junio de 2025 y recomendó contactar a la policía, pero Altman y otros directivos la desestimaron, citando criterios internos que no consideraban la amenaza inminente. La cuenta de la autora fue desactivada, pero pudo crear una nueva y continuar utilizando la plataforma. OpenAI ha negado las acusaciones, afirmando que sus modelos están entrenados para rechazar solicitudes que habiliten la violencia y que notifica a la policía ante riesgos creíbles e inminentes. La demanda también solicita órdenes para modificar los protocolos de seguridad de la empresa. Este caso se suma a una serie de litigios recientes contra OpenAI por presuntos fallos en la seguridad de su plataforma.