Amazon Web Services (AWS) ha confirmado que abonará el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en los municipios aragoneses donde opera sus centros de datos, tras cuatro años de presión política y social. La compañía, que hasta ahora pagaba la cuota nacional por constitución legal, realizará pagos retroactivos por los ejercicios de 2023 a 2026. Esta medida no representa una nueva inversión, sino la aplicación correcta de un impuesto que hasta ahora se destinaba a Hacienda central, aunque el ejercicio general de la empresa no se realizara en Madrid.
El cambio responde a la creciente polémica en Aragón, donde la compañía ha ocupado miles de hectáreas de suelo público y privado, generando un superávit energético significativo. La situación escaló con manifestaciones y la negativa del alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, a firmar convenios sin compensación económica. Según la documentación de la primera ampliación, el IAE anual asciende a 522.777 euros, repartidos entre Zaragoza, Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro. Aunque la cifra exacta de los cuatro años no ha sido revelada, se estima que los municipios recibirán entre 56.000 y 100.000 euros anuales, una suma considerable para localidades pequeñas.
El Gobierno aragonés, a través del consejero de Fomento Octavio López, ha exigido el pago de impuestos a AWS, Blackstone y Microsoft. Mientras AWS resuelve este conflicto, Microsoft prepara una inversión de 2.200 millones de euros en el mismo territorio, y Blackstone, a través de QTS, ha iniciado obras en Calatorao con una inversión estimada de 13.471 millones de euros para 2028. El caso subraya la tensión entre la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial y la distribución fiscal de sus beneficios en la región.