El parlamento de Austria aprobó el miércoles una ley que permite a las autoridades emitir certificados administrativos y sanciones administrativas de forma totalmente automática mediante inteligencia artificial, sin intervención humana directa. La medida, respaldada por la coalición de ÖVP, SPÖ y NEOS, busca modernizar la administración pública y agilizar procesos burocráticos. El nuevo artículo 18a del Código General de Procedimiento Administrativo (AVG) establece que las decisiones pueden automatizarse si el caso es apto para ello y si la autoridad mantiene un control documentado, aunque no se permite el aprendizaje automático de la IA, lo que exige reentrenamiento constante para cambios normativos.
Los ciudadanos afectados tienen derecho a presentar una 'presentación' (reclamación) durante dos semanas para anular el acto administrativo, un mecanismo que, en este contexto legal, tiene un efecto retroactivo inmediato. La oposición, representada por FPÖ, FPÖ y Greens, criticó la ley por ser demasiado vaga y por delegar la responsabilidad en las autoridades en lugar de en el parlamento. Además, la ley introduce la posibilidad de 'No-Stop-Verfahren' (procedimientos sin solicitud) para la concesión de ayudas familiares y la declaración de impuestos, así como la integración de chatbots avanzados en los servicios públicos para guiar a los ciudadanos. Las autoridades deberán publicar en sus webs qué procedimientos están automatizados.