Asociaciones de gestión de colonias felinas en 38 provincias españolas han manifestado para exigir el cumplimiento de la Ley 7/2023, que regula la atención a estos animales mediante censo, esterilización y programas municipales. Los organizadores denuncian que, tres años después de su aprobación, la ley no se aplica de forma generalizada, dejando a miles de voluntarios sin apoyo público. En Castilleja de la Cuesta (Sevilla), la asociación COFECAS gestiona 130-140 gatos con recursos propios, invirtiendo entre 100 y 140 euros mensuales por persona para alimentación y atención veterinaria. El manifiesto, leído en la manifestación, argumenta que el cumplimiento de la ley es un asunto de Estado de Derecho y no depende de la voluntad política local. Las asociaciones piden a los ayuntamientos implantar protocolos estables, a las comunidades autónomas supervisar el cumplimiento y al Gobierno central evaluar la aplicación de la normativa. El objetivo es garantizar que la administración pública asuma la responsabilidad legal de gestionar la población felina, evitando que el trabajo de miles de voluntarios, mayoritariamente mujeres, se sostenga exclusivamente con recursos privados.
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