El análisis de la situación en Ceuta tras los incidentes migratorios de julio de 2026 revela que la crisis no reside únicamente en el volumen de llegadas, sino en la incapacidad institucional para responder con agilidad. Según la definición académica, una crisis es la construcción social de una amenaza que genera urgencia, y en este caso, la amenaza principal es la falta de preparación operativa del Estado ante un flujo masivo. El texto argumenta que la migración constituye una 'controversia política intratable' debido a la dificultad de definir y resolver el problema sin generar conflicto, lo que dificulta la cooperación entre actores gubernamentales y sociales.
Para mitigar este riesgo, la preparación debe basarse en cuatro ejes: la definición clara de la amenaza, la movilización de capacidades latentes, la coordinación multinivel y la delimitación entre la arena política y la operativa. El estudio del proyecto MunMigra, financiado por el Plan Nacional de R+D+i, demuestra que la infraestructura previa y la experiencia acumulada facilitan respuestas más proactivas, como se observó durante la pandemia de COVID-19. Además, la coordinación exige relaciones de colaboración sólidas entre administraciones públicas, ya que el reparto competencial entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta complicó la articulación de recursos. Finalmente, la preparación debe considerar el entorno político, asumiendo que la migración está politizada, pero distinguiendo los espacios técnicos de coordinación de la discusión política. La conclusión es que los actores de gobernanza migratoria no deben predecir la próxima crisis, sino construir capacidades locales acumulativas que permitan una respuesta ágil y humanitaria cuando las previsiones fallen.