Alemania y Francia han alcanzado un acuerdo histórico para posponer la prohibición definitiva de los vehículos con motores de combustión en la Unión Europea, un pacto que marca un giro significativo en la política de movilidad del continente. Según informes del diario alemán heise.de, el canciller alemán Friedrich Merz (CDU) y el presidente francés Emmanuel Macron se han unido para flexibilizar las normativas de emisiones, permitiendo la venta de nuevos coches de combustión en la UE incluso después de 2034. Esta decisión, anunciada tras el Consejo Europeo, busca evitar el colapso de la industria automotriz europea y garantizar la producción de vehículos fabricados en el continente, a cambio de un compromiso por parte de Alemania de restringir la financiación estatal a productos de origen europeo.
El contexto de este acuerdo es la presión creciente de la Comisión Europea, que en diciembre de 2025 propuso que, aunque el objetivo de neutralidad climática en el transporte se mantuviera, los fabricantes podrían seguir vendiendo motores de combustión tras 2034. La propuesta original contemplaba un límite de flota de 11 gramos de CO2 por kilómetro, una cifra que, aunque técnicamente permitía la venta de motores de combustión, limitaría drásticamente su cuota de mercado. Sin embargo, el nuevo acuerdo entre Berlín y París, detallado en un documento de cuatro páginas, propone una reducción de las emisiones medias de la flota de solo el 90% a partir de 2035, sin exigir la compensación de las emisiones restantes mediante hidrógeno verde (e-fuels) o acero regenerativo. Esto permitiría a los fabricantes vender vehículos de gasolina y diésel, siempre que su flota media cumpla el límite, aunque la escala de producción sería limitada, lo que podría dificultar los efectos de escala necesarios para una producción rentable.
El acuerdo tiene implicaciones geopolíticas y económicas profundas. Por un lado, la UE podría obtener la mayoría necesaria en el Consejo para aprobar estas normas, superando la oposición inicial de Francia y seis otros países que, en junio, se habían opuesto a la flexibilización. Por otro, la restricción alemana a la financiación estatal para vehículos europeos podría abrir la puerta a la inclusión de modelos británicos, dado que el Reino Unido también podría ser reconocido como un socio estratégico. No obstante, la implementación final depende de la aprobación por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, instituciones que aún no han dado su visto bueno definitivo.
La reacción de la industria y la política ha sido mixta. Por un lado, el canciller Merz ha destacado la importancia del acuerdo para proteger los empleos y la soberanía industrial. Por otro, organizaciones como T&E Deutschland han advertido de un "error histórico", argumentando que el acuerdo podría acelerar el declive de la industria al eliminar los incentivos para invertir en vehículos eléctricos y reducir la dependencia del petróleo importado. El diputado de los Verdes, Michael Bloss, ha calificado el pacto de un "freno" para el auge de los coches eléctricos, mientras que el portavoz de la FDP, Jan-Christoph Oetjen, ha visto en el acuerdo una señal positiva de flexibilidad tecnológica para los fabricantes.
En conclusión, este acuerdo representa un punto de inflexión en la transición energética europea. Mientras la UE mantiene su objetivo de neutralidad climática, la realidad económica y política está forzando una adaptación que prioriza la producción local sobre la restricción estricta de emisiones. Los fabricantes deberán ahora demostrar si pueden cumplir con los nuevos límites de flota sin depender exclusivamente de la tecnología eléctrica, un desafío que podría definir el futuro del mercado automotriz en Europa durante la próxima década.