El Gobierno de Friedrich Merz puso en marcha el 1 de enero de 2026 el llamado "plan de pensión activa", una reforma que exime de impuestos los primeros 2.000 euros mensuales que perciban los jubilados que decidan prolongar su vida laboral. La medida, aprobada por la coalición con los socialdemócratas, busca retener experiencia en las empresas y elevar la tasa de empleo en una economía con una de las transiciones demográficas más severas de Europa, donde la edad legal de jubilación se mantiene en 67 años. Las cotizaciones a la seguridad social no se eliminan: empleados y empleadores seguirán abonándolas sobre esos salarios, con el objetivo declarado de reforzar las finanzas de la sanidad y las pensiones.
El Ejecutivo estima un coste fiscal de 890 millones de euros anuales, aunque el IW Institute lo eleva a unos 1.400 millones y cifra en 168.000 los beneficiarios potenciales. Economistas como Holger Schmieding creen que el efecto neto podría volverse positivo en dos o tres años. Como referencia, el Gobierno cita el caso griego, que tras permitir a los jubilados compatibilizar pensión e ingresos laborales tributando al 10% pasó de 35.000 trabajadores mayores en 2023 a más de 250.000 un año después. Tres meses después de la entrada en vigor, ni el Gobierno ni la Deutsche Rentenversicherung disponen todavía de cifras reales de uso, que no estarán disponibles hasta 2027.