Registros internos obtenidos por WIRED a través de solicitudes FOIA revelan que, durante más de una década, cientos de empleados y contratistas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) fueron acusados de abusar de bases de datos policiales sensibles para fines personales. Entre 2009 y 2022 se documentaron cerca de 300 expedientes de uso indebido: un agente extrajo datos de una azafata de Air New Zealand para contactarla; otro usó solicitudes de programas de viajero de confianza para ligar; un exempleado obtuvo el horario de su exesposo con fines de acoso; y un agente de la Patrulla Fronteriza supuestamente consultó bases de datos para indicar a contrabandistas qué carril usar en el cruce. De los casi 300 casos identificados, 138 fueron derivados a revisión gerencial, 78 fueron investigados penalmente por la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) y 43 quedaron clasificados como solo informativos. Al menos seis entradas describen a empleados consultando sus propios datos, un patrón que el exdirector de la OPR, Daniel Altman, considera un indicador temprano de corrupción. En respuesta, CBP aseguró que toma en serio las acusaciones de mala conducta y trabaja para «sostener el estado de derecho y rendir cuentas», aunque las leyes de privacidad federales limitan su capacidad de comentar casos individuales.
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