Activista demanda a CBP por confiscarle el teléfono en aeropuerto de Minnesota

La organizadora laboral de Minnesota Janette Zahia Corcelius demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE UU tras la confiscación de su teléfono por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al regresar de un viaje de tres semanas por Europa, a finales de abril, en el aeropuerto internacional Minneapolis-St. Paul. El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) presentó la demanda en un tribunal federal de Minnesota, alegando que la confiscación viola la Cuarta Enmienda y las propias regulaciones de CBP.

Corcelius, que se opuso a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis y St. Paul, asegura estar siendo objeto de búsquedas "sistemáticas" de dispositivos de activistas con herramientas antiterroristas, en línea con la estrategia del presidente Donald Trump contra la llamada "extrema izquierda violenta".

CBP puede realizar dos tipos de búsquedas de dispositivos en la frontera: inspecciones básicas, con el teléfono en modo avión, y registros forenses avanzados que conectan el aparato a un equipo externo para copiar su contenido. Los ciudadanos estadounidenses no pueden ser impedidos de reingresar al país por rechazar la inspección, pero sus teléfonos pueden ser confiscados y, si los agentes los desbloquean, también examinados.

En el año fiscal 2025, CBP realizó 55.318 búsquedas de teléfonos y dispositivos electrónicos, un 32% más que las 41.767 de 2023. La demanda se suma a un mosaico legal desigual: en 2024, una jueza federal de Nueva York resolvió que CBP necesita una orden judicial para registrar teléfonos, pero un tribunal de apelaciones dictaminó lo contrario en 2021.