El debate sobre el abuso en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) ha dado un giro preocupante: según investigaciones recientes, los actores criminales podrían controlar hasta el 20% de los nuevos registros en los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) creados durante 2025, una proporción que cuestiona si las medidas actuales del ecosistema son suficientes para frenar el uso malicioso de la infraestructura de internet.
El estudio, elaborado por la consultora Interisle y presentado por Greg Aaron y Karen Rose en el Foro de Políticas ICANN 86, estima que al menos el 10% de los nuevos dominios gTLD registrados el año pasado aparecieron posteriormente en listas de bloqueo de seguridad. No obstante, los autores advierten que, si se contabilizan los dominios asociados que nunca llegan a ser listados, la proporción real de nombres registrados por actores maliciosos podría acercarse al 20%. Esta proyección se apoya en datos de ICANN que indican que, por cada tres dominios bloqueados, existen dos dominios vinculados que permanecen sin registrar en las listas.
El alcance del problema trasciende las definiciones técnicas. La Oficina del Director de Tecnología de ICANN (OCTO) publicó un análisis en el que reconoce la legitimidad de las cifras, pero cuestiona la metodología empleada. El organismo recuerda que la definición contractual de abuso DNS se limita a botnets, malware, pharming, phishing y spam utilizado como vector de los anteriores. Categorías como fraude, estafas o spam independiente quedarían fuera de esa delimitación. ICANN también señala que Interisle se apoyó en métodos documentados por la propia organización y por COMAR sin detallar suficientemente las desviaciones respecto a los protocolos originales. Los autores de ICANN instan a no tratar todo dominio listado como abuso confirmado y recuerdan que existen procesos de desarrollo de políticas en curso sobre controles de dominios asociados y salvaguardas para registros de alto volumen.
La controversia metodológica, aunque relevante, no oculta una realidad más amplia: un dominio bajo control criminal puede no figurar aún en ninguna lista de bloqueo, mantenerse en reserva para un uso futuro o emplearse en campañas aún no detectadas. Además, muchos daños tecnológicos quedan fuera de la definición contractual vigente, entre ellos el fraude, las estafas, la sextorsión y otras formas de engaño digital. La Alianza Global contra las Estafas (GASA) estima que las estocas provocaron pérdidas globales de 442.000 millones de dólares en 2025, con una probabilidad de pérdida financiera significativamente mayor en los países en desarrollo. Por su parte, el índice Into the Light de Childlight revela que aproximadamente uno de cada cuatro niños sufre solicitudes sexuales en línea y que el 9% experimenta extorsión sexual digital antes de los 18 años.
Estas cifras no miden directamente el papel de los nombres de dominio en cada incidente, pero ilustran por qué todos los actores del ecosistema de internet deberían evaluar si sus sistemas están siendo utilizados para facilitar, sostener o escalar daños graves.
El artículo de RIPE Labs advierte que el debate metodológico no debe convertirse en una excusa para la inacción institucional. Aunque la proporción exacta de registros maliciosos siga siendo objeto de discusión, la evidencia de que los criminales podrían controlar una parte sustancial de los nuevos gTLD exige una respuesta proporcional. La comunidad de ICANN debería examinar si las definiciones contractuales, las obligaciones preventivas, los acuerdos de intercambio de datos y los mecanismos de cumplimiento actuales pueden reducir el riesgo a la escala y velocidad necesarias. Esa evaluación debe abarcar las medidas previas al registro, en el momento del registro y tras la aparición de evidencia creíble de uso dañino, así como la atención a patrones de registro anómalos o de alto volumen, respetando el debido proceso y la proporcionalidad.
El texto subraya que los operadores de ccTLD podrían disponer, según su jurisdicción, de un mandato más claro y una base legal más directa para actuar contra categorías más amplias de conducta ilícita. Si las respuestas al daño tecnológico divergen de forma significativa entre gTLD y ccTLD, algunos actores —gobiernos, registrantes y usuarios— podrían percibir que ciertas partes del ecosistema DNS ofrecen garantías más débiles frente al uso criminal.
En conclusión, el artículo plantea un llamado a la acción: la comunidad de ICANN debe considerar si la definición actual de abuso DNS es lo suficientemente amplia para abordar daños graves facilitados por tecnología, incluyendo fraude, estafas, ransomware y abuso y explotación sexual infantil. Cualquier medida adicional debería evitar que ICANN asuma el papel de regulador global de contenidos o autoridad penal, pero el reto sigue siendo responder con eficacia a daños serios sin sacrificar innecesariamente la apertura, la privacidad, la seguridad, la interoperabilidad o la autonomía de los usuarios.